la raiz

es cierto que el conflicto de violencia en colombia lleva años desarrollandose, creciendo y complejizandose cada dìa mas. Sin embargo, las caracterìsticas primordiales de èste hoy en dìa, son las mismas del siglo pasado.
primordialmente, una inconformidad por el tipo de jerarquìas colombianas, es decir una estructura social de tipo colonial, que concentran la tenencia de la tierra, del ingreso y de las oportunidades de ascenso, progreso social y tecnológico y en las relaciones de trabajo en muchas regiones del país. Legitimizada con la ley que surgiò en el contexto de la posguerra frìa el 16 de diciembre de 1996 en las que fue aprobada una de las más duras leyes del mundo para expropiar en favor del Estado los bienes adquiridos durante los últimos 20 años con dinero del narcotráfico o de origen ilícito- como parte de la ofensiva derechista, en la que la prensa y demás medios de comunicación se convirtieron en abanderados de la ética y del libre juego de las fuerzas del mercado- arreciaron los ataques contra el Congreso, la clase política y los partidos políticos.
En Colombia, la concentración del poder económico y político, además del fenómeno moderno del control monopolista y la manipulación antidemocrática de los medios masivos de comunicación, amenazan la seguridad misma de su tradicional democracia política.
Es importante destacar que pese a todo, a sus problemas y al subdesarrollo, Colombia a diferencia de los demàs paìses de Amèrica Latina, ha logrado mantener una democracia representativa, aunque de estructura jurídica autoritaria por la posibilidad de abuso en la utilización del recurso del estado de sitio, con excepcionales y transitorias dictaduras personales o militares.
Hay, sin embargo, una debilidad histórica del Estado por su fractura y, en cierto modo, privatización regional. Esta vulnerabilidad se manifiesta en la incapacidad durante decenios para formular una política militar coherente frente a la violencia partidista (1947-1957) y de la guerrilla, habiendo recurrido en 1964, en el Gobierno del conservador Guillermo León Valencia, al auxilio de comités de autodefensa particulares que practicaban directamente la represión y la venganza privadas. Fueron prohibidos por el Gobierno liberal de Virgilio Barco en 1987, pero, bajo distintas formas, han reaparecido al aumentar las acciones y secuestros de las guerrillas. Esta es una prueba del vacío del Estado, de su incapacidad para utilizar el privilegio de ser el depositario del derecho al uso de las armas para mantener el orden institucional y político.